Quillotro
OPINIÓN

 

Cumplir y hacer cumplir

© Joaquín Hortal
1 de diciembre de 2007

Juro o prometo ( a elegir) por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL, con lealtad al Rey, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía y las leyes.

Fórmula oficial de toma de posesión como Concejal de Ayuntamiento.

 

 

 

 

             "…si yo por mi pueblo tengo que cometer un ilegalidad...pues la cometo." Esto se dijo en el pleno del pasado 8 de noviembre a propósito de una situación ilegal en la que se ha mantenido el equipo de gobierno a sabiendas de que lo era: el mantenimiento de una adjudicación del Ayuntamiento por parte de uno de los nuevos concejales. Esta puede parecer a primera vista una frase heroica, ensalzadora del amor patriótico… pero si la analizamos con cuidado, el resultado es, cuando menos desafortunado y hasta grave. 

            Hagamos un ejercicio de imaginación: Imaginemos a la persona más bondadosa del pueblo. La más humilde y responsable, la más generosa y bienintencionada, ninguna malicia puede venir de él o ella. El pueblo dispone por votos que esa persona sea el alcalde o alcaldesa. Y esa persona cree que tiene capacidad para decidir lo que es más o menos apropiado para todos nosotros. Sin embargo puede ocurrir que una parte del pueblo se sienta agraviada con determinadas decisiones de tan pía persona. Que sea bondadosa no quita que sea falible y que de sus actos deriven consecuencias desastrosas ¿Dónde está entonces el límite entre lo que decide esta persona y lo que no están dispuestos a acatar una parte de los ciudadanos? Muy sencillo, el límite es la ley. El límite es la legislación que hemos votado, ya sea directamente (la Constitución, el Estatuto de Autonomía) o indirectamente (a través de nuestros Parlamentarios en Sevilla y nuestro Diputados y Senadores en Madrid). Ahora imaginemos que esa persona cree que su decisión está por encima de la ley y que sin agravios puede vulnerarla por lo que cree que es el bien de todos. 

            ¿Qué significa entonces la frase? ¿Significa creer que tu decisión mejora lo que todos hemos considerado justo? ¿Significa considerarse a uno mismo fuente de ley y justicia, como un rey absoluto? Porque ¿alguien cree que cometer ilegalidades es bueno para nuestro pueblo?, más aún, y siguiendo el camino del absurdo, ¿quién decide que ilegalidades nos benefician y cuales no? Pongamos un ejemplo ridículo. Quizá esta persona pueda pensar que otro, por ejemplo yo, es un problema para el pueblo, y decide prohibirme la entrada. Se cumplen las dos premisas de la frase: es ilegal, y el o ella han decidido que es bueno para el pueblo. Y puede ser cierto que lo más apropiado para todos sea que yo no vuelva a entrar en el pueblo… pero ahora pensemos que esto no sea conmigo, sino contra cualquiera de vosotros que vivís o vais al pueblo. ¿Quién nos protege entonces de gobernantes iluminados? A los ciudadanos quien nos protege de los desmanes de los gobernantes es la ley, la misma ley que este individuo en ocasiones cree que no tiene que respetar. Además, las ilegalidades que se pueden cometer son infinitas. Si se cree que es necesario incumplir leyes, es que se asume que hay leyes injustas que no merece la pena acatar. Entonces el camino a seguir está claro: buscar espacio político en las cámaras legislativas y presentarse con el beneplácito de su partido (si es que su partido encuentra espacio) en la próximas elecciones (y tan próximas) a ambas cámaras o al parlamento andaluz y una vez allí, cambiar las leyes. 

            Pero volvámonos sobre el origen de la frase: se dijo a propósito de la incompatibilidad, por ley, de un concejal del PA para mantener una concesión del ayuntamiento y ser simultáneamente cargo público. Es decir, ¿se está dispuesto a cometer ilegalidades por el bien de nuestro pueblo… o por el bien de un compañero de partido? Se dijo que lo mejor para el pueblo era que la concesión siguiese en manos del concejal… y sin embargo la ley dice lo contrario: que un cargo público no se puede beneficiar del Ayuntamiento. Se dijo que no dio tiempo a reasignar la concesión, y que esto podría haber perjudicado al pueblo porque podríamos no haber tenido barra en la verbena de las fiestas de Agosto. De acuerdo, esto puede ser válido como excusa, pero cuando al menos se hubiese intentado: en ningún momento se convocó un nuevo concurso para la adjudicación (aunque si se voceo hasta la saciedad la concesión desierta de la piscina). Disfrazar de amor por nuestro pueblo el beneficio de un correligionario como poco, está feo. Y además, ¿qué clase de amor se demuestra al cometer ilegalidades?

            Nadie en su sano juicio y con un mínimo de civismo le ha pedido a nuestros gobernantes que cometan ilegalidades. Las ilegalidades, por definición, benefician a unos pocos en detrimento de todo el pueblo. Poco se les pide que prometan o juren a los cargos públicos cuando toman posesión (ver la fórmula de juramento del principio), pero pronto se olvidan nuestros gobernantes de lo prometido: “…cumplir y hacer cumplir la ley…” ¿tratarán de hacernos cumplir la ley cuando ellos son los primeros en no cumplirla si lo creen necesario? Como se puso de moda en este país a raíz de la ilegal guerra de Irak: ¡No en mi nombre! No sé como debe hacerlo, pero una marcha atrás verbal y una rectificación pública de lo dicho… no estarían de más. Por cierto, esta revista está, como siempre, abierta a ello.

 

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