Entre dos aguas... y otros servicios

     El primer gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1955) se caracterizó en lo económico por la nacionalización de las grandes empresas que vertebraban la industrialización del país: los ferrocarriles, la telefonía, el banco central, etc, habían sido generadas en su mayoría por capital extranjero, y su proceso de nacionalización, de desprivatización, supuso un trastorno en política internacional. Cuarenta años después, Carlos Saúl Ménem, líder del partido peronista, inició una carrera de privatizaciones que llevó a entregar, en su mayoría a capital extranjero, las más importantes empresas del estado: la telefonía, el ferrocarril, la petrolera (YPF) pasaron a manos privadas, muchas de ellas a multinacionales españolas (Telefónica o Repsol). Perón y Ménem, pese a un mismo signo político (el voluble peronismo), desarrollaron un comportamiento económico radicalmente opuesto.

     En España, los gobiernos socialdemócratas de Felipe González Márquez se caracterizaron por un comportamiento económico muy liberal, muy al gusto de los grandes organismos supranacionales, y se inició la privatización de todas las grandes empresas de gestión pública: telefónica, Repsol, Endesa, Gas Natural, Argentaria… Fueron privatizaciones parciales en las que el gobierno se reservaba siempre la decisión última, pero estas privatizaciones se cerraron definitivamente durante la primera legislatura de José María Aznar López.

     Estos son dos ejemplos de la evolución macroeconómica de países democráticos, siervos fieles de las grandes organizaciones capitalistas: banco mundial, fondo monetario internacional, organización mundial del comercio…etc. Como vemos, hay una clara independencia del comportamiento económico respecto de las ideologías: gobiernen socialdemócratas o conservadores, derechas o más-derechas, liberales o proteccionistas, su ordenamiento en economía difiere muy poco, y para muestra nuestro actual ministro Solbes: se vende como gran gurú de las finanzas y lo mismo le vale a la izquierda que a la derecha que nadie lo discute… ni siquiera el pueblo español que lo puntúa constantemente como ministro mejor valorado. Ese es el resumen: de economía nadie discute. Y no se discute porque es un pilar inconmovible de nuestro sistema. En democracia la izquierda juega en campo contrario: se juega con las reglas del capital (del dinero), y ya se sabe: donde manda patrón… no nos equivoquemos: la democracia es un desarrollo social inventado por la clase media adinerada para librarse del poder de la aristocracia: que mande el dinero y no la sangre… y por su puesto, en esta ecuación nunca mandan los desheredados. Así que la izquierda, o se revoluciona, o traga con lo que hay… y en esas estamos.

     Este debate global tiene su versión distinta y matizada en los pueblos pequeños. Los municipios gestionan una serie de servicios públicos: basura, agua y limpieza entre ellos. Los ciudadanos pagamos impuestos por estos servicios y en el caso del agua, también pagamos  el gasto del propio producto. Y exigimos por tanto una calidad en la prestación de los mismos. Para los Ayuntamientos, en particular los de municipios pequeños como Cuevas del Campo, la prestación de estos servicios de forma directa, es deficitaria en lo económico pero también en lo popular. Dos puntos  a tener en cuenta: uno, para que estos servicios funcionen bien, los ayuntamientos deben tomar medidas poco electoralistas como subir impuestos o perseguir el fraude y la morosidad en casos como el agua; y dos, la prestación de estos servicios implica la contratación de personal en calidad de funcionariado o similar, y es el salario del personal lo que más lastra la economía de los Ayuntamientos.

     Puestos en esta tesitura, los Ayuntamientos tienen dos salidas habituales: mantener el servicio deficitario y frecuentemente de baja calidad o pasarlo a gestión indirecta, es decir, cederlo a una empresa privada mediante concurso.

     Hay una segunda consideración: es preciso optimizar los recursos y eso en los pueblos pequeños significa hacer comunal la prestación de servicios, es decir, con los mismos recursos, prestar el servicio a varios pueblos que se reparten también los gastos: para qué un camión de basura por pueblo, si con uno, trabajamos en tres. ¿Cómo hacemos esto? Dos soluciones con sus pros y sus contras:

-         Transferencia de actividades públicas al sector privado: que varios pueblos asignen a una empresa privada el servicio, previo acuerdo entre ellos, ya sea como externalización, concesión, concierto o convenio. Su principal problema es el ánimo de lucro: la empresa tiene que ganar dinero con la gestión. Otro problema: en el caso del agua, ésta pasa de ser un bien a un producto de consumo, y para la empresa gestora, el negocio es que consumamos cuanto más, mejor, cuando lo deseable es disminuir el consumo.

-         Organización privada en el sector público: que estos mismos pueblos decidan generar una empresa pública con personal compartido y gestión común. Su ventaja es la ausencia de ánimo de lucro. Su mayor dificultad es la inestabilidad que la dependencia electoral da a estas empresas. Además, desde el punto de vista de sus trabajadores, tienden a comportarse como empresas privadas.

     Al final, ambas soluciones están muy próximas: es preciso que una empresa, pública o privada, se haga cargo del servicio en varios pueblos, porque optimiza los recursos y el gasto, o como dice la dialéctica ecologista: porque hace al servicio más sostenible.

     En Cuevas del Campo, el caballo de batalla de las  pasadas elecciones municipales fue la concesión de la gestión del agua a la empresa AÑIL, y como todo en elecciones, la información desde el púlpito electoral, fue cuando menos tendenciosa. La discusión se planteó en 2005. El servicio de agua era deficitario y de mejorable calidad por lo que se decidió una concesión administrativa del mismo a una empresa privada durante cinco años. El planteamiento se puede simplificar en: el ayuntamiento pierde dinero con este servicio, por tanto, lo cedemos en condiciones que no menoscaben sino aumenten su calidad ni incrementen su coste a los ciudadanos, y con esto, no se le gana dinero, pero tampoco se le pierde. El Ayuntamiento se arroga la capacidad de decidir los  precios del agua y de retirar la concesión si el servicio no cumple unos criterios mínimos de calidad. Y surge la pregunta: si el Ayuntamiento pierde dinero con la gestión del agua, ¿cómo una empresa privada puede ganar con esa misma gestión? En teoría, persiguiendo aquello que el ayuntamiento no se atreve: el fraude y la morosidad, y sobre todo, abaratando costes: reducir personal y aumentar sus clientes mediante la compilación de nuevas concesiones en otros pueblos (la comunalización de recursos de que hablábamos). La basura había llevado previamente un camino similar. Esta iniciativa del gobierno socialista cueveño de la legislatura 2003-2007 se llevó a pleno y fue aprobada la concesión del agua por unanimidad de los grupos presentes (PSOE, PP y PA). Dicha concesión se sacó a concurso público y de forma legítima recayó sobre sus actuales propietarios.

     Como ya he dicho, este controvertido tema fue arma arrojadiza electoral. Es controvertido porque genera debate con argumentos de peso ideológico, económico, etc… a favor y en contra. Por tanto, nos guste o no, la decisión de gestión indirecta del agua fue una decisión respaldada por argumentos de realidad municipal, meditada y sobre todo, consensuada con los grupos que formaban la corporación de aquel Ayuntamiento. Por otro lado, había más ligereza que meditación, más desconocimiento que responsabilidad en las proclamas electorales sobre el Agua. Tanto PP como PA llevaban en programa la vuelta a gestión directa del agua… y ahora gobiernan ambos. El PP es un valedor natural y habitual de la gestión indirecta, no en vano, su presidente provincial, D. Sebastián Pérez (que recientemente visitó nuestro pueblo y alabó con vehemencia la gestión de nuestro alcalde), es consejero delegado de Emasagra (empresa semiprivada, en parte en manos de Aguas de Barcelona, que gestiona el agua de la capital y de la mitad de la provincia). Con esta controversia ideológica y con una sobrecarga previa en el capítulo de personal del Ayuntamiento, nuestro Alcalde se enfrenta a su promesa electoral. Cualquier decisión es mala: mantener gestión indirecta implica haber mentido en la campaña electoral, mientras que recuperar gestión directa lleva a un desgaste popular y a otro engaño electoral: estar obligado a subir los impuestos (recuérdese que también se prometió lo contrario).